El robo cometido por desconocidos que entraron ayer, durante el receso del mediodía, en las oficinas de redacción de LA PRENSA GRÁFICA, pone en evidencia una vez más, y con especial dramatismo, que la criminalidad en el país no reconoce límites. En este caso, todo hace pensar que no es un simple hecho de delincuencia común, sino que hay móviles oscuros de por medio, porque se trata de un robo focalizado de información reservada dentro de un medio que se caracteriza por dar a conocer al público realidades que tocan cuestiones de alta sensibilidad, a partir de constantes investigaciones de naturaleza profesional, franca y valiente. Las pesquisas del caso, que tendrán que llegar al fondo de lo sucedido, son un nuevo reto para la institucionalidad competente.

Estamos en un momento del país en que la libertad de expresión debe ser cuidada y protegida en forma sistemática y suficiente, porque de su plena e irrestricta vigencia depende que el proceso nacional siga adelante de manera satisfactoria. Hechos como el ocurrido ayer en este periódico son señales de alarma sobre los peligros que amenazan también a una actividad tan vital para el desarrollo democrático, como es la nuestra.

En cualquier circunstancia, por difícil que sea, e independientemente de cuáles sean los propósitos, dimensiones y procedencias de los ataques que se ciernen o que llegan a ser acciones concretas, como en este caso, reiteramos la voluntad inquebrantable de continuar en la tarea de servir a la comunidad desde el ejercicio de un periodismo consciente, responsable y con visión de país de país y de futuro, como lo hemos venido haciendo desde siempre.

La seguridad es objetivo básico

Desde hace largo tiempo, la inseguridad campea en el ambiente nacional, y aunque hay esfuerzos sucesivos para controlar ese flagelo, pareciera que aún no se da con un proyecto que verdaderamente sea efectivo en la medida que los hechos exigen y que las demandas ciudadanas reclaman. En las encuestas de opinión el tema de la inseguridad aparece de manera constante, pero más allá de ese dato estadístico, la sensación de inseguridad se siente en la atmósfera, y esa sensación sólo variará de manera significativa cuando los ciudadanos puedan desplazarse, trabajar y estar ahí sin tener que poner cuidado a las sombras que los acechan.

Hemos insistido infinidad de veces en el imperativo de tomar la seguridad como un asunto de Estado, más que como una política gubernamental sectorizada. Temas como el del crimen organizado, que sin duda se ha venido instalando y expandiendo en el país, no pueden ser abordados con éxito a partir de enfoques parciales o reductivos. Lo que necesitamos es que, alrededor de ese proyecto nacional para garantizar la seguridad, y a partir de una ambiciosa y profunda visión preventiva, actúen armoniosamente las energías ciudadanas y los dinamismos institucionales.

Es hora de pasar a un estadio superior en el tratamiento de todas las formas de inseguridad que padecemos. Y los políticos, que ahora están en abierta competencia, son los primeros llamados a proponer y poner en práctica ese gran proyecto indispensable.