La Corte de Cuentas encontró nuevos hallazgos de irregularidad en otra de las 21 alcaldías investigadas por favorecer a empresas del diputado del PCN Roberto Silva.
Se trata de la Alcaldía de Moncagua, en San Miguel, sobre la cual la Corte ha pedido que la Fiscalía General investigue ocho delitos, incluido el de lavado de dinero y activos, por un mal manejo de más de $1 millón, según auditoría especial en cuatro proyectos comunales en el período abril 2004-diciembre 2005.
Los actos ilegales salpican al ex alcalde por el Partido de Conciliación Nacional (PCN) José Felícito Rivas, quien también tenía funciones de tesorero; al ex secretario municipal y al ex jefe de la unidad de adquisiciones y contrataciones institucional (UACI), Arístides Barrera.
Según un informe enviado el 12 de octubre pasado por la Corte a la FGR, hay indicios de responsabilidad penal por los delitos de administración fraudulenta, falsedad material, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, negociaciones ilícitas, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.
La conclusión de los auditores se da con base en el examen realizado a cuatro proyectos que negociaron el ex alcalde Rivas y los propietarios de las empresas Caminos y Edificaciones, S. A. de C. V. (CED), y Proveedores y Constructores de Obras Viales, Eléctricas y Civiles (PROVECOM, S. A. de C. V.), Roberto Silva y su esposa, Nora Emely de Silva.
Esta última, junto con María Ortiz y Óscar Contreras, guarda prisión desde el pasado 29 de septiembre, cuando el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador confirmó la detención provisional ordenada por el Tribunal Tercero de Paz, por el delito de lavado de dinero y activos.
Obras fantasma
Tres de las cuatro obras examinadas por la Corte de Cuentas no existen, pero pese a ello, los tres proyectos sí fueron adjudicados. No obstante, “no se cumplieron los procedimientos de licitaciones establecidos”, pues fueron asignados directamente, según el hallazgo de la Corte.
El proyecto “Remodelación de plaza y asfaltado de la calle Hacienda El Platanar”, cuya orden de inicio fue dada en julio de 2004, en realidad nunca se empezó a desarrollar; en este caso no se realizó un proceso de licitación, pero el monto fijado y pagado fue de $471 mil 700.
Para este proyecto, la alcaldía abrió una cuenta bancaria en 2004, en los que aparecen movimientos hechos por Roberto Silva Pereira.
Inexplicablemente, el 8 de julio y el 17 de agosto de ese mismo año aparecen dos cheques emitidos por la comuna por $146 mil 100 y $39 mil 598, respectivamente, a favor PROVECOM, S. A. de C. V. Las mismas cantidades son depositadas un día después, o el mismo día, por parte de Silva Pereira, a la misma cuenta de la alcaldía municipal.
En el proyecto “Reparación de parque y asfaltado de calles aledañas”, los auditores comprobaron que la obra no existe físicamente, y, sin embargo, la municipalidad pagó $80 mil por su ejecución.
El ex alcalde Rivas también erogó $100 mil 100 por el proyecto “Asfaltado de calle principal que conduce a la piscina El Capulín”. La obra no existe, pero se pagó el precio pactado a la empresa PROVECOM, para lo cual la alcaldía hizo un préstamo de $103 mil a la Caja de Crédito de San Vicente.
Finalmente, en el proyecto “Asfaltado de calle Hacienda El Platanar, desvío a Chapeltique”, la Corte de Cuentas no especifica si se ejecutó o no, pero sí da fe de que fue adjudicado a la empresa Caminos y Edificaciones (CED) por un monto de $450 mil.
En algunos proyectos, CED fue contratada como constructora y PROVECOM como supervisora, y en otros, a la inversa.
En algunas de las obras, los fondos para cancelar indebidamente los proyectos no ejecutados fueron tomados del Fondo para el Desarrollo Social (FODES), dice el examen de la Corte.
Otros cuestionamientos
La Corte cuestiona que el secretario interino, y a quien la auditoría no identifica, suprimió con corrector algunos acuerdos municipales existentes, alterándolos, y además tachó datos relacionados con sumas de dinero.