La jueza del Tribunal Primero de Menores, Aída Santos, aseguró ayer que en el Instituto de Medicina Legal (IML) le informaron que la autopsia practicada a Erick Amaya, el niño de 18 meses que murió en el Centro Infantil de Protección Inmediata (CIPI) del ISNA, no encontró alimentos en el intestino delgado, prueba que tenía más de 24 horas de no comer.

“La Fiscalía debe hacer una buena investigación y no dejar ningún cabo suelto para no crear descrédito institucional”, dijo Santos, quien se informó del caso a título personal y no porque su tribunal lo tenga asignado.

Victoria de Avilés, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, lamentó ayer en un foro organizado por UNICEF “las inconcebibles violaciones de derechos esenciales, como los casos de muertes de niños y adolescentes bajo privación de libertad en centros de internamiento o en algún centro de protección”, y urgió investigar.

El procurador de Derechos Humanos, Óscar Luna, dijo que espera la autopsia del menor para sentar posición sobre el caso. El director del IML, Mario Hernández Gavidia, a través de su secretaria, Jacqueline Chigüila, informó que el examen forense no está completo, pero prometió tener hoy resultados concluyentes.

Luna sostiene que el ISNA fue advertido por la Procuraduría de Derechos Humanos (ver recuadro) y ahora espera el informe para deducir responsabilidades.

“Ahí hay un responsable penalmente, sea de una institución, por negligencia, de la PNC o de algún representante del ISNA, así como responsabilidad de los padres”, apuntó.