Los representantes de unas 300 familias que hace más de una década se asentaron en un terreno rústico —hoy conocido como la comunidad Santa Marta, en el municipio de Victoria, Cabañas— se concentraron frente a las instalaciones del centro judicial de la capital para denunciar que son víctimas de un fraude y, por tanto, piden poner un freno legal a su inminente desalojo.

En 1987, los afectados pagaron $26,400 por las 55 manzanas que hoy forman la comunidad. La venta fue realizada por Sigfredo Pleitez, quien no era el propietario legítimo del inmueble, según el resultado de un proceso civil iniciado por los dueños de la propiedad. Ahora, Pleitez es procesado en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador por el delito de estafa.

Gustavo Pineda, abogado de FESPAD que representa a las víctimas, considera que un desalojo traerá problemas de conflictividad y pidió que el Estado propicie una mediación entre la comunidad y los propietarios del terreno.

Luis Rivas, uno de los residentes de la comunidad Santa Marta, confirma que los vecinos no reconocen la sentencia civil porque ellos pagaron legalmente por el inmueble: “Cuando llegamos, ahí era un terreno rústico, hoy ya tiene sus calles, sus casas. Lo que queremos es encontrar una solución o que nos devuelvan el dinero más los intereses devengados en todo este tiempo”.