El inspector general de la Policía Nacional Civil, Romeo Melara Granillo, dejó en manos de la unidad de Auditoría Interna de la PNC la responsabilidad de investigar el proceso de contratación de dos asesores del ex director Francisco Rovira.
Según Melara Granillo, la inspectoría no tiene jurisdicción para investigar el funcionamiento de los filtros que avalan o no la contratación del personal para laborar en la PNC.
“Ese es un rubro que deberá investigar la Auditoría Interna de la PNC, no somos nosotros (Inspectoría General) los que tenemos que investigar este tema”, dijo Melara Granillo.
Esto, a pesar de que el ministro de Seguridad y Justicia, René Figueroa, aseguró el sábado anterior, durante la conferencia de prensa en la que se anunció el retiro de Rovira, que había girado órdenes al inspector general para que investigara el procedimiento de contratación.
Contratación irregular
Los asesores José Pérez Aguillón y José Aquino Oliva fueron contratados por la PNC después de haber sido removidos del Ministerio de Hacienda por irregularidades; uno de ellos fundó una empresa aduanal que tenía por clientes a la robafurgones Margarita Parada Grimaldi y al presunto narcotransportista Reynerio de Jesús Flores Lazo.
Incluso uno de los asesores utilizaba uniforme y placa policial, en violación del artículo 288-A del Código Penal.
El artículo dice: “El que indebidamente tuviere en su poder o usare uniformes verdaderos o simulados de la Policía Nacional Civil, de la Academia Nacional de Seguridad Pública, de la Fuerza Armada, y de los diferentes elementos de personal que están regulados en la Ley de los Servicios de Seguridad del Estado serán sancionados con cincuenta a cien días de multa”.
Aunque Melara Granillo manifestó el viernes anterior que ya estaba abierta una investigación por la utilización del uniforme policial por parte del asesor, ayer aseguró que con las tres renuncias de los asesores y del director en la PNC se cierra la posibilidad para que la Inspectoría General los investigue.
Según señaló, con el retiro de los asesores de la corporación “se extingue la acción a investigar”.
El inspector dijo que en el informe solo se incluirá la certificación de las renuncias de Rovira y de sus dos asesores.
“La acción disciplinaria desapareció porque ellos ya no pertenecen a la institución, no podemos sancionarlos, porque no podemos sancionar a un ciudadano que no esté vinculado a la institución policial”, señaló Melara Granillo.
El viceministro de Seguridad y Justicia, Ástor Escalante, señaló ayer que a pesar del retiro de los dos asesores, la inspectoría deberá rendir un informe de las acciones realizadas por estos cuando se encontraban trabajando para la corporación.
“La inspectoría funciona para personas que están dentro de la institución policial, lo demás se resolverá con una auditoría, porque ya es más un problema de personal”, expresó Escalante.
La Fiscalía General de la República (FGR) aún no ha confirmado si iniciará o no una investigación contra el asesor y la persona que autorizó el uso del uniforme policial mientras permaneció en la Policía Nacional Civil.