El 27 de junio pasado un joven oriundo del municipio de Santa Tecla fue reportado por su madre como desaparecido. Cuarenta y ocho días después, recibió una llamada en la que le solicitaban $5,000 para liberar a su hijo, pues presuntamente lo tenían secuestrado. El dinero fue dado según la exigencia, pero el joven de aproximadamente 26 años de edad no apareció. Sigue desaparecido.

Los $5,000 fueron entregados a Lorena Guadalupe Hernández Cruz bajo un operativo de vigilancia y seguimiento según la Fiscalía General. Esta se dirigió hacia la comunidad San Rafael, calle a Huizúcar, en Santa Tecla, donde residía, para encontrarse con otra persona.

La “negociación” se dio a través de un teléfono celular a nombre de Anny Jael Romero Romero, según registros de la Fiscalía.

Empero, la persona que aseguró a la madre tener al joven en su poder, y por el cual se hizo el pago, no era mujer, sino que tenía una voz masculina.

Según la FGR, y según un informe de inteligencia policial, la voz pertenece a un interno del penal de máxima seguridad, en Zacatecoluca (La Paz), a quien solo identifican como “el Greñas” y quien intermedió a través de llamadas tripartitas de un teléfono celular con la pariente.

En dicho centro penal los internos no tienen contacto físico con familiares, hablan a través de un vidrio con las visitas, y mucho menos tienen privilegios como “visita íntima”.

Con récord

Aunque la Fiscalía no brinda la identidad del reo de Zacatecoluca, puesto que aún espera más información para su posterior acusación judicial, registros policiales y de LA PRENSA GRÁFICA ubican a Dore Alexander Romero Torres, también conocido como Erick Alexander Torres, bajo el alias del “Greñas”.

Torres fue detenido entre enero y febrero de este año por ser presuntamente el “enlace” telefónico entre Arístides Umanzor, y Saúl Turcios Ángel —ambos identificados como jefes máximos de pandilla, y mejor conocidos como “el Sirra” y “el Trece”, respectivamente— para cometer delitos en el exterior, estando ellos internos, a su vez, en el penal de Zacatecoluca. De hecho, Umanzor habría ordenado los delitos desde el mismo centro penal.

Cuando la madre de la víctima puso la denuncia por secuestro, se montó un operativo en la zona céntrica de Santa Tecla, un día después —el 15 de agosto— de la entrega del dinero. A Hernández Cruz se le tomó un audiovisual de la entrega, y se le dio seguimiento.

Previo a la entrega del dinero, la pariente había recibido llamadas a su teléfono en el cual únicamente una mujer decía “permítame, le van a hablar”, y posteriormente negociaba con una voz masculina el monto del rescate. Aludiendo informes de inteligencia policial, la Fiscalía explicó que una de las imputadas recibía primeramente la llamada del recluso y posteriormente llamaba a la madre de la víctima.

Sin embargo, la detención no se efectuó al momento de la entrega de los $5,000, debido a que la víctima no había sido liberada, según las fuentes fiscales. Fue hasta una semana después, el viernes pasado, que entes fiscales y policiales detuvieron a Hernández Cruz y Romero Romero en la comunidad San Rafael.

“Tenemos información que podría haber otros temas involucrados en el caso”, explicó el director interino de la PNC, José Luis Tobar Prieto, al hacer referencia a que la víctima presuntamente estaría involucrada en el consumo de drogas —y podría tener deudas—, las que adquiría en la comunidad El Pino, de Santa Tecla.

Es en esta misma comunidad donde años atrás operaba Turcios Ángel, quien fue acusado a mediados de 2007 ante un jurado estadounidense de ordenar delitos desde cárceles salvadoreñas para ser cometidos por miembros de su misma pandilla, pero en Maryland.

El número de teléfono celular con el que se negoció el pago del dinero fue identificado por la Fiscalía, a través de registros de cuenta y DUI en una compañía de telefonía, a nombre de Anny Jael Romero Romero.

A Hernández Cruz, según la Fiscalía, le fueron encontrados unos $3,500 (billetes marcados) del pago efectuado por la madre del joven desaparecido, cuando la primera fue detenida.

Este no es el primer caso en el cual se vulnera la seguridad del penal de Zacatecoluca. En marzo pasado, la Fiscalía dijo que acusaría a Carlos Ernesto Mojica Lechuga, mejor conocido como “Viejo Lin”, por ordenar extorsiones desde ese penal, pues contaban con testimonios de pandilleros para ello. El caso aún no ha sido remitido a tribunales.

Para el viceministro de Seguridad, Ástor Escalante, pese a que rechaza la posibilidad de que en Zacatecoluca los reos “reciban” teléfonos lanzados desde el exterior —como en otras cárceles—, ninguna prisión es totalmente segura. Tanto el viceministro como Tobar Prieto dirigen sus señalamientos a la presunta connivencia de custodios para que este tipo de delitos se esté dando dentro de ese centro penal. Ambas autoridades aceptan que existe tráfico de objetos prohibidos, incluso dentro de la llamada cárcel de máxima seguridad en el país.

“Todos los penales del mundo tienen sus fortalezas y amenazas”, dijo Escalante. Tobar Prieto señala que los reos podrían obtener teléfonos al salir a audiencias —y llevarlos en su cuerpo— y a través de los custodios, facilitados por familiares, u otros medios.

Hace una semana 12 reos de esta cárcel fueron procesados en Zacatecoluca por tráfico de teléfonos y chips al interior del penal de máxima seguridad.

En este caso, las detenidas tendrán audiencia en el Tribunal Especializado de San Salvador esta semana. Para Tobar Prieto y Escalante el delito de secuestro aún no se encuentra en firme, debido a la ausencia de la víctima.