“En cuanto a lo solicitado por la Fiscalía y con el objeto de garantizar el cumplimiento de la responsabilidad civil proveniente del delito, esta cámara considera que el embargo preventivo, considerado en sí mismo como figura procesal que es, no contradice ninguno de los derechos constitucionales”, reza el documento.

La investigación fiscal determinó que el procesado es propietario de seis inmuebles en San Salvador y Zacatecoluca. Sin embargo, la Cámara no ha emitido la orden de embargo contra esos bienes porque la Fiscalía debe determinar primero el monto a embargar.

Guillermo Arévalo Domínguez, magistrado presidente de la cámara, dijo que también se ha solicitado a los fiscales de la Unidad Anticorrupción que actualicen la investigación de los bienes porque el informe del Centro Nacional de Registros (CNR) que está anexado al proceso data del año 2006.

“Debe prevenirse a la Fiscalía que se señale la cantidad por la que se decretaría el embargo, así como presentar informe actualizado del CNR sobre inmuebles de Roberto Antonio Ramírez”, resolvió esa instancia.

El ex juez de Apastepeque enfrentará la audiencia preliminar por los delitos de cohecho y concusión el próximo 20 de noviembre. Una de las pruebas principales de la Fiscalía es la declaración de un citador de ese juzgado que goza del criterio de oportunidad (confesión para no ser procesado).

La hipótesis fiscal es que el juez pidió $1,500 para otorgar una plaza en el juzgado. Además, el citador confesó que pidió dinero en nombre del juez para favorecer a procesados. La Fiscalía solicitó tomar la declaración anticipada de ese testigo, pero esa petición no fue aceptada.