El 1 de julio comenzó a regir una nueva legislación en materia de tránsito que impone severas penas a quienes son sorprendidos conduciendo sin licencia.

La SB350 establece penas de cárcel que van desde dos días hasta cinco años y multas desde 500 hasta mil dólares, para quienes manejan sin licencia, con el permiso suspendido o revocado.
El gobernador estatal, el republicano Sonny Perdue, ratificó en mayo la propuesta que convierte en delito mayor el manejar sin una licencia válida, a pesar de las llamadas, cartas y hasta manifestaciones que la comunidad latina de Georgia realizó para mostrar su rechazo.
“Estamos tomando muy en serio todo porque queremos que el estado sea hospitalario y no queremos que alguien se convierta en blanco injustamente. Pero somos un país de leyes y todos las tenemos que obedecer”, manifestó Perdue.

Cuando se le preguntó al funcionario si no le parecía muy exagerado que una persona pase años tras las rejas por conducir sin licencia, contestó: “Diría que sí lo es”.

La Alianza Latina Pro Derechos Humanos de Georgia (GLAHR, por su sigla en inglés), entidad sin fines de lucro que está a favor de los inmigrantes, se expresó al respecto.

“Creemos que se aprobó la peor ley, porque esta afectará directamente los antecedentes de nuestra gente. Convertirá a los detenidos por no tener licencia en criminales convictos haciéndolos más vulnerables a la deportación o menos calificados para beneficiarse de algún proyecto de legalización más adelante”, señaló Teodoro Maus, ex cónsul de México en Atlanta y hoy presidente de GLAHR.

Este año, en la Asamblea Legislativa de Georgia, se presentaron 14 iniciativas que afectarían a los indocumentados, incluida la HB978, que buscaba confiscar los automóviles de los indocumentados que infringieran la ley vial o se vieran involucrados en un accidente. Sin embargo, solo la SB350 llegó a convertirse en ley.

Cónsules se expresan

Cónsules de países latinoamericanos en Atlanta enviaron el 9 de mayo una carta al gobernador para pedirle que vetara las iniciativas de ley que afectarían directamente a los inmigrantes, pero fue en vano.

Los representantes diplomáticos de El Salvador, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y España, suscribieron el documento que fue enviado a la oficina de Perdue.

En la misiva, los cónsules señalaron que las medidas afectarían negativamente a la comunidad latina y también a la economía del estado. Que crearía un impacto negativo en las relaciones políticas y económicas entre Georgia y varios países hispanoamericanos.

De acuerdo con el documento, el estado también sufriría por la falta de mano de obra en el sector agrario, de servicio e industrial. No obstante, el mandatario hizo caso omiso de la petición.